Australia lidera la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

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En un movimiento sin precedentes, Australia ha aprobado una ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a redes sociales como Instagram, TikTok y Snapchat. La legislación, que entrará en vigor en 2025, impone multas de hasta 50 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses) a las plataformas que no cumplan con los requisitos de verificación de edad. Esta medida busca salvaguardar a los jóvenes frente a los riesgos asociados con las redes sociales, como el ciberacoso, la adicción y la exposición a contenido dañino. Sin embargo, ha desatado un acalorado debate tanto dentro como fuera de Australia.La industria tecnológica ha expresado su enérgico rechazo a la nueva legislación, argumentando que fue desarrollada de manera apresurada y sin consultar adecuadamente a los principales afectados, incluidos los propios jóvenes. Empresas como Meta, propietaria de Facebook e Instagram, han calificado la ley de "ineficaz" para cumplir su objetivo de proteger a los menores. TikTok, por su parte, ha señalado que la definición de "plataformas de redes sociales" incluida en la ley es demasiado amplia y ambigua, lo que podría generar confusión en su implementación. Además, estas empresas han destacado las medidas de seguridad ya existentes, como controles parentales y funciones para limitar el tiempo de uso, argumentando que estas opciones deberían ser reforzadas en lugar de imponer restricciones generalizadas.

La multa para las tecnológicas podría alcanzar los 49 millones de dólares

Más allá de las críticas locales, la aprobación de esta ley está siendo observada con atención por otros países, lo que subraya su impacto global. En Europa, Francia adoptó recientemente una normativa que exige el consentimiento parental para que menores de 15 años accedan a redes sociales, pero su aplicación ha enfrentado desafíos técnicos significativos. De manera similar, en Estados Unidos, estados como Florida y Utah han intentado implementar leyes restrictivas, aunque algunas han sido anuladas por considerarse inconstitucionales. El caso australiano marca un punto de inflexión, ya que establece el estándar de edad más alto del mundo y podría influir en cómo otras naciones abordan la regulación digital.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha defendido la ley como un paso necesario para proteger la infancia, comparándola con restricciones históricas como las leyes contra el consumo de alcohol por menores. "No argumentamos que la implementación será perfecta, pero sabemos que es lo correcto", declaró Albanese. Sin embargo, los críticos sostienen que las restricciones podrían empujar a los jóvenes hacia rincones menos regulados de internet, como foros clandestinos y servicios de mensajería cifrada, aumentando los riesgos en lugar de mitigarlos.

En cuanto a la implementación, el gobierno planea probar diversas tecnologías de verificación de edad durante los próximos meses, aunque estas herramientas han generado preocupación entre los defensores de la privacidad. La comisionada de seguridad electrónica de Australia, Julie Inman Grant, ha asegurado que las grandes tecnológicas tienen los recursos y la capacidad para cumplir con los nuevos requisitos, dado que ya emplean sofisticados sistemas para la segmentación publicitaria. A pesar de estas garantías, los expertos advierten que las soluciones tecnológicas podrían no ser completamente efectivas y plantean dudas sobre la protección de los datos personales de los usuarios.

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Esta legislación también pone de relieve una creciente desconexión entre generaciones. Muchos jóvenes consideran que las redes sociales son esenciales para construir relaciones, expresarse y acceder a comunidades que no encontrarían en su entorno inmediato. En este sentido, algunos defensores de los derechos juveniles critican que la ley no solo ignora las perspectivas de los menores, sino que también los excluye del proceso de toma de decisiones que afecta directamente sus vidas. Leo Puglisi, un adolescente australiano de 17 años, resumió este sentimiento: "No elimina el contenido dañino; simplemente aplaza el problema hasta que cumplamos 16 años".

El impacto de la medida australiana se siente más allá de sus fronteras. Países como Noruega y el Reino Unido han expresado interés en explorar medidas similares, mientras que organizaciones internacionales analizan el potencial de estas leyes para establecer nuevos estándares globales. Si bien todavía queda por ver cómo funcionará la prohibición en la práctica, lo cierto es que Australia ha encendido un debate global sobre el equilibrio entre proteger a los jóvenes y garantizar sus derechos en la era digital.

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